La gobernanza del tema de Acción por el Clima recae en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por su condición de rector en materia ambiental, el cual implementa mediante la Dirección de Cambio Climático (DCC) con funciones dirigidas a coordinar y gestionar la política pública de cambio climático en Costa Rica, con el fin de construir un país justo, resiliente y descarbonizado, centrado en el bienestar de las personas y de la naturaleza. El más reciente esfuerzo con respecto al marco legal del tema fue la publicación del Plan Nacional de Descarbonización y la actualización de la NDC.

El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), contempla entre sus objetivos estratégicos el mantener la dotación de servicios ambientales por medio del financiamiento permanente en áreas de interés prioritario. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) es la responsable de la ejecución del Plan Nacional de Gestión del Riesgo.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en su condición de rector del sector agropecuario y rural lidera las acciones que se llevan a cabo en el sector, como por ejemplo los NAMA´s.

La Dirección de Geología y Minas (DGM) está adscrita al Viceministerio de Energía y Calidad Ambiental, del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). La DGM tiene una dirección general y está organizado mediante cuatro departamentos: a) control minero, b) registro nacional minero, c) planificación, desarrollo e investigación, d) administrativo (DGM, 2022). La Ley 6797 conocida como Código de Minería se estableció el 4 de octubre de 1982 y define la organización y funcionamiento de esta DGM (Poder Ejecutivo, 1982). Además, en el año 2002 se realizó una reforma al Código de Minería mediante la Ley 8246 (Poder Ejecutivo, 2002).

El marco normativo es muy diverso en materia de ordenamiento territorial que brinda competencias a diferentes instituciones en diferentes escalas (Mivah, 2012). El marco legal incluye la Ley de Planificación Urbana 4240 (1968), la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 6043 (1977), la Ley Orgánica del Ambiente 7554 (1995), la Ley de Uso, Manejo y Conservación del Suelo 7779 (1998), la Ley de Biodiversidad 7788 (1998), la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo 8488 (2006), la Ley Indígena de Costa Rica 6172 (1977), la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario 9036 (2012), el Código Municipal 7794 (1998).

Las instituciones que participan en el ordenamiento territorial son: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y las 82 municipalidades del país (Mivah, 2012).

La rectoría le corresponde al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el cual es el órgano técnico rector del Gobierno de la República en materia de ordenamiento territorial y asentamientos humanos.

En la actualidad, este ministerio lidera la implementación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012-2040, por medio de tres ejes estructurales: a) calidad del hábitat, b) protección y manejo ambiental, y c) competitividad territorial.

La gobernanza del tema de Consumo y Producción Sostenible recae en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) por su condición de rector en materia ambiental, el cual implementa mediante la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (Digeca) con funciones dirigidas a la promoción del mejoramiento del desempeño ambiental de los diferentes actores productivos, priorizando la prevención de la contaminación desde la fuente de generación.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), esta institución contempla entre sus objetivos estratégicos el fomentar un sector industrial competitivo que aporte a un desarrollo económico, sostenible y equitativo. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) es el responsable de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Turístico del país.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en su condición de rector del sector agropecuario y rural lidera las acciones que se llevan a cabo en el sector. El Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el cual entre sus objetivos contempla el fomento al bienestar social de las poblaciones rurales.

El Ministerio de Salud (MS), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Educación Pública (MEP), las cuales están ligadas con la temática de estilo de vida sostenible de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible.

En cuanto a la manipulación y tratamiento de las aguas residuales, el tanque séptico sigue predominando como la alternativa más utilizada por la población para dar tratamiento a las aguas excretas, siendo este un 75,4%. Los obstáculos financieros, las capacidades dentro de gobiernos locales y la priorización de los temas ambientales dificultan la reducción de residuos contaminantes en el ambiente. La ausencia de manejo integrado de cuencas es otro elemento coadyuvante al deficiente manejo de los recursos hídricos.

Como se menciona más en detalle en la sección sobre agua, las aguas residuales no tratadas son una segunda fuerza motriz que genera las descargas en afluentes naturales, que además van cargadas de diferentes sustancias que aumentan la contaminación superficial.

Por otra parte, tal como se describe en la sección sobre recursos geológicos, el aumento de residuos por consumo de productos tecnológicos, esto se debe al aumento de la población que demanda la producción de nuevas tecnologías y por lo tanto el uso de minerales (ej. Litio); sin embargo, se carece de investigación suficiente para determinar los lugares idóneos para el depósito y realizar el proceso de reciclaje sin contaminar fuentes de agua.

De la mano con esta situación del transporte, es posible hacer referencia al presente estado de la calidad del aire según su último informe (2019), los sitios muestreados presentan valores recomendados por el Reglamento de Calidad del Aire para Contaminantes Criterio, no obstante, en Heredia se registran datos anuales cercanos al límite máximo establecido para concentraciones anuales de partículas PM10.

En las cercanías de la Universidad Nacional en Heredia muestran un promedio anual que sobrepasa los índices registrados en el resto de las estaciones de monitoreo. En el Área Metropolitana, la estación ubicada en la Catedral Metropolitana (SJ-01) es la que registra mayores niveles de PM10 superada por la Ciudad de Heredia en nueve unidades. Lo que muestra que hay importantes limitaciones en cuanto a la disminución de emisión de gases hacia el aire, especialmente en ciertos focos específicos de la Gran Área Metropolitana; podría concluirse que la flotilla vehicular y de transporte público tiene un efecto importante sobre esto.

El país está implementando acciones para controlar residuos sólidos como la Estrategia Nacional de sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas renovables, campañas de eliminación de bolsas plásticas y promoción del compostaje como aliado rehabilitar las tierras y los suelos degradados.

En este sentido se presenta la Política Nacional de Saneamiento de las Aguas Residuales (2017) que viene acompañada de un plan de inversión para subsanar estos retos en el tratamiento de las aguas en el país.

La acción de la fuerza motriz-presión genera una serie de impactos en el ambiente. Para el caso de agua limpia y saneamiento, se identificaron los siguientes:

El país desarrolló Ríos Limpios como Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030. “La Estrategia pretende concretar avances reales y continuos, pudiendo replicar experiencias en otras microcuencas urbanas y potenciando los servicios ecosistémicos en aras de avanzar hacia la construcción de ciudades sostenibles y resilientes”.

En 2008 se desarrolló el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (Plan Nacional De Gestión Integrada De Los Recursos Hídricos, 2008) y en el 2009 se creó la Política Hídrica Nacional. En ambos casos se inició el compromiso del Gobierno de Costa Rica para hacer del agua limpia una prioridad y que esta esté articulada con las políticas ambientales.

Las brechas son acciones que conllevan más tiempo y recursos, mientras que los retos se pueden realizar en corto plazo con menor inversión de recursos.

Indicadores

Políticas, estrategias y normativa nacional

El país publicó la Política Nacional de Humedales 2017-2030 con el objetivo de gestionar la conservación y uso sostenible de ecosistemas de humedal, en cumplimiento de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención de Ramsar). Además, se publicó la Estrategia Nacional de Bioeconomía 2020-2030 cuya visión es “Cimentar una Costa Rica con producción sostenible de alto valor agregado en todas sus regiones y biociudades emergentes, basada en el aprovechamiento justo y equitativo de su biodiversidad, el uso circular de la biomasa y en el progreso biotecnológico del país como sociedad del conocimiento”. También en el 2017 se publicó el decreto ejecutivo 40423-MAG-MINAE-S sobre la prohibición del registro, importación, exportación, entre otros, del Bromacil y su sal de litio.

El programa de pago por servicio ambiental (PSA), el acceso genético y bioquímico por medio de contratos, la tarifa hídrica, son algunos de los ejemplos en los cuales se han creado mecanismos o instrumentos financieros que permiten que el habitante se beneficie económicamente de esos servicios de los ecosistemas, promoviendo el empoderamiento de las comunidades locales, indígenas y buscando soluciones a las interacciones que producen la pérdida de biodiversidad.

La participación ciudadana en la conservación y los beneficios que genera la biodiversidad y su gobernanza ha generado un cambio de paradigma sobre la biodiversidad como capital natural, que el país ha impulsado desde el siglo pasado.

Investigación

El Inventario Nacional de Humedales realizado para el país en el 2018 se construyó de forma paralela con la Política Nacional de Humedales. El inventario identificó más de 307 mil hectáreas de humedales que fueron registrados debidamente y cuya cartografía se encuentra disponible en el Sistema Nacional de Información Territorial.

La Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025, se crea con el objetivo de orientar y encauzar las acciones de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el país. Esta estrategia consta de 7 temas estratégicos de estos al menos 5 mencionan aspectos puntuales en relación con el capítulo de Océano. Asimismo, de las 98 metas nacionales definidas por la estrategia, 32 de ellas se encuentran relacionadas al cumplimiento del ODS 14.

El Plan Nacional de Residuos Marinos 2021-2030 tiene como objetivo general “Coordinar de forma intersectorial la prevención y la gestión integral de los residuos marinos, orientado al mejoramiento de la calidad de los ecosistemas y la salud de las personas. Esta estrategia fue liderada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)

La Política Nacional de Humedales 2017-2030, tiene el objetivo de gestionar la conservación y uso sostenible de ecosistemas de humedal, en cumplimiento de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención de Ramsar).

La Estrategia Nacional de Control y Vigilancia Marítima fue publicada en 2012, sin embargo actualmente se encuentra en un proceso de actualización, al respecto en diciembre del 2021 se entregó al Viceministerio de Aguas y Mares, el diagnóstico y propuesta de actualización de está.

Los Planes de Ordenamiento Pesquero, establecen las características y regulaciones particulares para el ejercicio de la pesca o acuicultura en las Áreas Marinas para la Pesca Responsable, al respecto según datos de INCOPESCA se cuenta a la fecha con 12 planes elaborados, tres en proceso de actualización y 2 en construcción.

Adicionalmente a los instrumentos mencionados anteriormente se encuentran otros que se encuentran actualmente en procesos de oficialización para su puesta en práctica en el país, dentro de estos se encuentran:

En este momento, la principal brecha para el país es el financiamiento que provea los recursos necesarios para la gestión y conocimiento oportuno de la biodiversidad, sea esta dentro o fuera de las áreas silvestres protegidas y del patrimonio natural del estado. Puntualmente se destacaron temas como la falta de personal, dificultad de atender los casos de denuncias, realizar las investigaciones y el monitoreo de las poblaciones de vida silvestre, etc. Por lo tanto, el reto inmediato es el desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento para atender la conservación y uso de la biodiversidad, así como promover prácticas de producción sostenible. Este financiamiento puede ir acompañado de alianzas público-privadas para el desarrollo. Otro reto es el trámite ágil de los casos de delitos ambientales que llegan a la vía judicial, que tardan años en ser resueltos. Como brecha transversal está la necesidad de desarrollar una estrategia nacional de educación ambiental, que aglutina los diversos esfuerzos que se realizan actualmente por parte de las instituciones públicas, la empresa privada, sociedad civil, entre otros, pero que trabajan de manera aislada. De manera tal que se logren unir esfuerzos y ampliar el impacto de estas sobre el comportamiento de la población.

Un tema relevante es la investigación y sistemas de gestión de la información sobre la biodiversidad para la toma de decisiones. El país ha avanzado en la investigación de la biodiversidad, el desarrollo de diferentes plataformas tecnológicas, el diseño de protocolos de monitoreo (áreas silvestres protegidas o corredores biológicos), así como en el diseño de estrategias nacionales, pero aún falta camino por recorrer para dar respuesta al estado de la biodiversidad y la toma de decisiones que esta conlleva. Los esfuerzos son insuficientes y generan dos presiones concretas, la primera es que existe información dispersa y la segunda es que la toma de decisiones se realiza sin la información correcta disponible.

En el país existe una dinámica de pérdidas de bosque maduro y regeneración de bosque secundario. Para el periodo comprendido entre el 2008 y 2020, en el cual las tasas de deforestación y regeneración podrían ser más representativas de lo que sucede actualmente y en el futuro cercano, la dinámica de pérdidas de cobertura del bosque maduro fue de 45.059 hectáreas, en donde el principal factor es la creación de pastizales, representando un 68% de la pérdida de bosques.

Los ecosistemas boscosos cubren 2.677.304 hectáreas, o 53% del territorio continental del país. En las tierras bajas de Guanacaste y la península de Nicoya en el Pacífico Norte, se encuentra el bosque estacional seco, con una extensión aproximada de 234,164 hectáreas o 4.6% de la cobertura boscosa total del país.

En las zonas caracterizadas por alta pluviosidad con más de 3.000 mm anuales, como la Península de Osa, las Llanuras del Caribe y la Zona Norte, se encuentran los bosques húmedos y lluviosos siempre verdes. Costa Rica, a pesar de su corta extensión geográfica, alberga cerca de 90,000 especies terrestres, aproximadamente el 4.5% de la biodiversidad mundial, lo ubica al país como el de mayor densidad de especies (número de especies por área de territorio).

Se estima que hay más de 12.000 especies de plantas terrestres en el país, de las cuales ya se han descrito más de 10.000 En cuanto a la diversidad faunística del país, el grupo más numeroso es el de los insectos con un estimado de 360.000 especies, de las cuales 66.265 ya han sido descritas.

Indicadores

En los últimos 30 años, políticas nacionales como los Programas de Pagos por Servicios Ambientales, han ayudado a revertir procesos de deforestación que venían desde mediados del siglo pasado, las cuáles han logrado que Costa Rica se posicione internacionalmente como país de vanguardia en cuanto a la conservación y mantenimiento de sus bosques.

En lo que atañe a la sección de Bosques y Producción Forestal Sostenible cabe mencionar una serie de logros país entre los que destacan la consolidación Programa de Pagos de Servicios Ambientales (PSA) como política de Estado, el fortalecimiento del Manejo y Aprovechamiento de Bosques bajo Principios y Criterios de Sostenibilidad, así como avances significativos en la política nacional para Contender con Incendios Forestales. Igualmente fue factible identificar un activo involucramiento de la ONF en incentivar y promover la producción sostenible de madera y hacer visible la contribución y relevancia del sector forestal para el país.

El país realizó su primer Inventario Nacional Forestal en 2013-2014 y en 2019 tomó la decisión de realizar el segundo inventario, proceso que tiene un periodo de realización de 5 años, con una muestra de 445 parcelas. El inventario busca medir los cambios de cobertura y uso de la tierra, con lo cual se articula como un componente relevante dentro del Sistema de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas.

Según estimaciones de diferentes autores, en las últimas dos décadas,la cobertura de bosques ha aumentado en un 12,1%. Para el 2013, el último mapa oficial realizado indica que la cobertura forestal es de 52.4% del territorio nacional. De todo el CO2 fijado en los bosques de Costa Rica, el 39% se encuentra en áreas protegidas por parte del Estado (principalmente en los Parques Nacionales), y 61% en áreas no protegidas.

Existen aspectos que requieren de una mayor atención. Si bien se ha efectuado esfuerzos para lidiar con la tala ilegal aún no se cuenta en el país con instrumentos robustos que posibiliten contabilizar una reducción de este tipo de actividad.

Del mismo modo, se requieren de acciones en largo plazo para contender con usos alternativos de la tierra (monocultivos, procesos de urbanización, infraestructura turística) que amenazan con la desaparición de la actividad forestal.

El país mantiene importantes desafíos para lograr un futuro verdaderamente sostenible: deforestación, agua, residuos sólidos, producción de electricidad, agroquímicos y contaminación del aire, que representan algunos de los retos ambientales más significativos que se deben atender en relación al ingreso a la OCDE.

Desde la década de 1970, con las primeras medidas en el tema forestal y, luego, la preparación de la conferencia de Kioto y los consecuentes proyectos, Costa Rica se posicionó como líder internacional en el manejo ambiental.

Un conjunto de decisiones gubernamentales tomadas en tres sectores (protección de bosques, generación de electricidad y reducción de emisiones para mitigar los impactos del cambio climático) lograron colocar al país como el primero en revertir la deforestación y en producir el 99,35 % de su electricidad a partir de fuentes renovables. También, la postura comprometida de Costa Rica con la mitigación y la adaptación al cambio climático, al decidir ser carbono neutro en el 2021, contribuyó igualmente al prestigio del país.

Sin embargo, en el 2014, Costa Rica ocupó el lugar 54 en el Índice de Desempeño Ambiental y solamente la posición 168 en Salud de los océanos a nivel global. Eso demuestra que existen desafíos, a pesar de que el Gobierno central, los gobiernos locales y otros actores públicos y privados están muy activos en diseñar e implementar políticas públicas, medidas y programas para el manejo del medio ambiente.

Deforestación. En las últimas 4 décadas, la pérdida de bosque maduro ha sido mayor que la ganancia obtenida con la recuperación de cobertura forestal a través de bosques secundarios. Esto es consecuencia de varios factores, que incluyen cambios estructurales productivos, como la expansión del turismo, la migración de la población rural hacia centros urbanos y, por otra parte, políticas de conservación implementadas por el Estado. La investigadora agrega que el bosque en suelo nacional está cambiando, se pierde el primario y se sustituye por secundario.

Energía. El mayor reto de este sector se ubica en el subsector transporte, la demanda en aumento de combustible fósiles y sus consecuentes emisiones de gases de efecto invernadero y partículas. En este contexto, la emisión de gases y material particulado en altas concentraciones impacta en la salud pública. Entre otros, estos elementos provocan accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, como el asma.

Agroquímicos. El cambio hacia una agricultura intensiva de altos insumos agrícolas y el crecimiento en la producción de índole agrícola han generado un incremento en el consumo de agroquímicos que contaminan el medio ambiente. Por ejemplo, la importación de plaguicidas durante el periodo 1977-2010 se multiplicó 4.4 veces y Costa Rica lideró tales importaciones per cápita en el mundo. Además, la investigadora asegura que hay estudios que confirman la contaminación del Golfo de Nicoya.

Desechos sólidos. Hasta hace muy poco tiempo, el manejo de los desechos sólidos en Costa Rica respondía a iniciativas personales o comunales. Sin embargo, la cantidad de residuos está en constante aumento. En el 2006, se estimaba que se generaban 2.7 veces más residuos de los que se producían en 1991, esto convierte al manejo de los desechos sólidos en un problema mayor para el país.

Recursos hídricos. Los retos relativos a los agroquímicos y desechos también impactan la calidad del agua, que ya de por sí enfrenta desafíos en cuanto a su manejo. El informe DFOE-AE-IF-01-2013 de la Contraloría General de la República declara que "el país enfrenta un escenario de contaminación hídrica sin control". Además, la noción de un recurso hídrico limitado empezó a implementarse muy recientemente y los desafíos de gobernabilidad, basada en una institucionalidad fragmentada y con competencias que se traslapan, exacerban el problema.

Una de las fuerzas motrices más importantes en materia de impactos sobre el suelo es el aumento de residuos por consumo de productos tecnológicos, esto se debe al aumento de la población que demanda la producción de nuevas tecnologías y por lo tanto el uso de minerales (ej. Litio); sin embargo, se carece de la investigación suficiente para determinar los lugares idóneos para el depósito y realizar el proceso de reciclaje sin contaminar fuentes de agua.

Otro factor de presión está dado por prácticas de extracción no sostenibles, ya que en la actualidad se continúa con el uso del mercurio o azufre en la extracción minera, lo cual genera una serie de impactos en el ambiente como la contaminación ácida. Aunque existen técnicas para mitigarla, ni el ente privado ni el estatal están invirtiendo en el uso de alternativas para mitigar los impactos.

Estas fuerzas motrices han generado cuatro presiones directas sobre el ambiente. La falta de inversión en investigación genera que haya un desconocimiento del recurso geológico del país, aunque hay un esfuerzo de la Dirección de Geología y Minas, así como de la Universidad de Costa Rica, es insuficiente. Esto conlleva un aumento en la tasa de explotación de los recursos, por ausencia de una línea base que permita conocer cuál es el potencial del país para producir y cuánta explotación debe ser permitida.

Una presión más que tiene el ambiente es la construcción de infraestructura en lugares inadecuados geológicamente, por ausencia de planificación territorial. Algunos ejemplos son la construcción de la ruta 27 (zona minera), ruta 32 (deslizamientos), urbanizaciones en sitios no aptos (caso en Desamparados) o la acumulación de desechos en lugares no adecuados. Estudios realizados con muchos años previos a la construcción y la falta de conocimiento geológico han generado una serie de problemas ambientales, entre ellos la afectación de aguas subterráneas.

Con respecto al tema de exploración minera, se determinaron tres fuerzas motrices:a) deficiencia en los estudios técnicos de exploración minera metálica, b) escasez de recurso humano para el monitoreo de actividades de exploración y extracción, y c) crisis fiscal.

La deficiencia en los estudios técnicos de exploración minera metálica. La exploración previa en el país tiene una fase de prospección, previo a la explotación. En el país se solicita exploración previa solo para la minería metálica, sin embargo, no en todos los casos se realizan los estudios idóneos. En la minería metálica primero hay una etapa de exploración y luego la fase de explotación con sus respectivos permisos, aunque esta última está restringida en el país, solo quedan las mineras subterráneas, posterior al cierre de Crucitas.

La otra fuerza motriz es la escasez de recurso humano para el monitoreo de actividades de exploración y extracción (tema relacionado con la crisis fiscal). El poco personal y la escasez de presupuesto operativo dificulta el monitoreo de actividades de minería. Por ejemplo, en el caso de minería no metálica, los fines de semana hay mucha maquinaría en los ríos extrayendo material porque no hay funcionarios que los lleguen a detener. Por otro lado, está el incremento en la cantidad de usuarios que solicitan los permisos para exploración de oro (minería de papel), mucho de esto influenciado por la difusión en los medios de comunicación sobre el potencial de oro en el país.

Lo anterior está generando una presión sobre el recurso geológico de manera que existe minería ilegal, tanto no metálico como metálico. Este tipo de actividades generan impactos en el ambiente como la contaminación ácida, sobre explotación de los ríos, se dejan de recaudar impuesto, contaminación de fuentes acuíferas, entre otros

La crisis fiscal ha llevado al análisis de la minería como opción de reactivación de la economía, es decir que hay una necesidad de utilizar los recursos naturales del país. Desde la Asamblea Legislativa se han realizado consultas sobre el potencial minero del país, pero no hay fondos para la investigación y esto genera que haya mucho desconocimiento al respecto. Según la DGM, la fase de exploración es algo que debe realizarse de manera general por parte del Estado para tener conocimiento de la situación.

El tercer tema de este análisis es la explotación minera (metálica y no metálica). En este caso se están generando tres amenazas directas al ambiente producto de la explotación minera ilegal, la demanda de recursos no metálicos y el aumento de la construcción en general. Estas presiones son generadas indirectamente por tres fuerzas motrices. La primera FM es la demanda de material no metálico en el Gran Área Metropolitana (GAM), la mayor parte de los materiales de construcción vienen de la Región Huetar Caribe, por lo tanto, hay muchas vagonetas viajando por la ruta 32 que generan impactos como el aumento de consumo de combustible, el aumento en el costo de los materiales, el aumento de emisiones de gases efecto invernadero y mayor inversión en el mantenimiento de la red vial. La demanda de materiales de la GAM es para construcción urbanística, carreteras y demás infraestructura.

La descoordinación interinstitucional se refleja con la demanda de materiales mineros no metálicos, aunque en la GAM no hay ríos que tengan materiales, si hay tajos o canteras que pueden suplir las necesidades del recurso. Sin embargo, los gobiernos locales han permitido desarrollo urbano en las cercanías de estas canteras, entonces existen conflictos al respecto ya que se requiere la extracción de material, pero a la vez esta genera contaminación sónica y residuos calizos.

Otra FM es que Costa Rica exporta materiales de construcción (mineros no metálicos) a la Isla de San Andrés.

Condiciones en el ambiente que se ven afectados por la inacción o las medidas correctivas necesarias.

Los impactos derivados de la fuerza motriz-presión para el recurso geológico se puede clasificar de la siguiente manera:

La Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos (ENSRVR) contempla la gestión de residuos declarados de manejo especial. En el caso de materiales de minería metálica incluye a los siguientes: carbón-manganeso, carbón-zinc, litio-cadmio, litio y zinc (Ministerio de Salud, 2016).

La DGM realiza un análisis bianual denominado “Diagnóstico Minero por región para el país”, lo anterior como parte del Plan de Control y Coordinación de la Actividad Minera en Costa Rica. Desde el 2013 y hasta el 2020 se ha realizado este análisis, la DGM realiza un informe de acuerdo con las regiones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Estos informes consisten en la situación de la minería por cantón, el monitoreo de las concesiones, tipo de materiales explotados, etc.. Acciones limitadas en atención de quejas ciudadanas e inspecciones de campo.

Las brechas identificadas son las siguientes:

Los retos identificados son los siguientes:

Con respecto al uso de la tierra en relación al ordenamiento territorial se identifican desafíos (presiones) que inciden en la gestión eficiente de este recurso:

El primer tema de análisis corresponde a zonas verdes en territorios urbanos, el cual tiene tres fuerzas motrices que se citan a continuación: a) crecimiento de las áreas urbanas (migración interna), b) débil planificación del ordenamiento territorial (planes reguladores), y c) ausencia de un plan interurbano regional. Al actuar estas fuerzas motrices generan presiones que impactan el ambiente tales como el aumento de infraestructura, desarrollo de asentamientos informales, invasión a las áreas de protección hídrica y aumento de la fragmentación del bosque.

El crecimiento urbano en el Gran Área Metropolitana para el período 2010-2019 creció un 5.2% en superficie, además la densidad es de 75.9 habitantes por hectárea para el 2019. Hay un crecimiento urbano por la migración interna que se suma a la expansión descontrolada del mercado inmobiliario, el cual pocas veces le interesa el resguardo del ambiente y las ciudades eficientes.

Además, hay una débil planificación del ordenamiento territorial por medio de los planes reguladores; según datos del INVU el 50% de las municipalidades tienen la herramienta de ordenamiento, pero hay 19 vigentes de esos 41 planes. Otras 20 municipalidades tienen planes reguladores desactualizados. Otro aspecto importante es que el plan regulador en cuanto a zonas verdes no tiene mucha injerencia, la mayoría de los parques urbanos que existen en el país se han dado por la Ley de Urbanización, ya que cuando se urbaniza se debe dar un espacio para los parques.

La ausencia de un plan interurbano regional se identifica como la tercera fuerza motriz en el tema de zonas verdes en territorios urbanos. Aunque existieron intentos de realizar la planificación regional urbana, estos han fallado. La última fue el Plan Regional Urbano del Gran Área Metropolitana -Prugam.

A nivel urbano, la ausencia de una política de construcción sostenible, la dinámica del mercado inmobiliario y la dificultad de financiamiento y acceso a recursos, son las fuerzas motrices identificadas; que a su vez generan las siguientes presiones que impactan el ambiente: libertad de mercado inmobiliario, pocas oportunidades de empleo, uso de materiales de construcción convencionales y el alto costo de materiales de construcción sostenibles.